La SIP defiende la libertad de empresa (perdón, de prensa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desarrolla desde el viernes y hasta mañana en la ciudad de Mérida, en México, la su 66° asamblea general. El objetivo de la SIP, formada por empresarios y dueños de los medios de comunicación del continente, es “defender la libertad de expresión en todas las Américas”. Sin embargo, parecen luchar más por la libertad de empresa que por la de prensa. A continuación, lo más destacado de la Asamblea:

Colgarse del cable es delito. Las agencias de noticias internacionales EFE y AFP anunciaron un acuerdo para combatir la piratería en el uso de información en los medios de comunicación y así defender la propiedad intelectual de las noticias. Para ello, utilizarán tecnología para detectar a los que “se roban los cables de noticias”, en cualquiera de los formatos.

La SIP y la “crispación”. “La amenaza a la libertad de expresión en América Latina” fue uno de los puntos dominantes en la Asamblea de la SIP del domingo. La situación en México fue el tema central (en lo que va del 2010 hay 11 periodistas muertos): "en México no es posible ejercer un periodismo libre, responsable y confiable", se alertó. Pero, por otra parte, la SIP (léase empresarios molestos porque empiezan a perder poder) habló de autoritarismo en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina, donde los medios constituyen el frente opositor más fuerte a los gobiernos. En el caso de nuestro país, la palabra preferida en el informe preliminar fue “crispación”. ¿Un término familiar, no?

La preocupación de Mitre. El director del diario La Nación y miembro del Comité Ejecutivo de la SIP, Bartolomé Mitre, entregó al presidente Alejandro Aguirre, una carta en la que expresó su “honda preocupación” por los supuestos ataques a la libertad de prensa en Argentina. A Mitre no se le pasó por la cabeza nombrar el caso del asesinato del director de Mundo Villa. No. Casualmente, enumeró como ofensivas del gobierno “la ley de medios audiovisuales, que ha sido impugnada en sede judicial, el ataque contra Papel Prensa y el proyecto de que busca declarar de utilidad pública la producción de papel, ‘con el único objetivo de controlar la prensa escrita”, según publicó ayer La Nación.